Países como España se valieron de las aplicaciones y webs utilizadas durante el confinamiento en pandemia para conseguir también los datos de tus hijos.El cierre de los colegios en marzo de 2020 a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus provocó que se tuviera que improvisar un sistema de teleformación online, con clases en línea para no perder el ritmo educativo.Este proceso se realizó mediante una serie de aplicaciones y webs educativas utilizadas para este propósito, las llamadas EdTech, que en la mayoría de los casos recogían todo tipo de datos de navegación de los menores en segundo plano y sin constancia por parte de padres o hijos. Evidentemente, no fue accidental, sino que los datos de los menores después se compartieron con empresas publicitarias o tecnológicas. Concretamente, se compartieron y vendieron con 199 empresas de publicidad online.
«Los datos se recogieron en la mayoría de los casos de forma secreta y sin el consentimiento de los niños o de sus padres, recopilando datos sobre quiénes son, dónde están, qué hacen en el aula, quiénes son sus familiares y amigos y qué tipo de dispositivo pueden permitirse sus familias», dice la investigación EdTech Exposed a cargo de Human Rights Watch.
Esta investigación ha analizado un total de 164 plataformas educativas de 49 países entre los que está España. 146 de ellas, el 89% de las analizadas, han mostrado resultados positivos en cuanto a recogida de datos de menores sin consentimiento paterno o de los propios espiados. Entre el conjunto de datos sustraídos sin consentimiento están la ubicación, visitas a diferentes páginas web o su comportamiento fuera de las clases online. Incluso se llegaron a activar cámaras y micrófonos con propósitos ajenos a las propias videollamadas para recibir clases.
Generalmente estas mismas herramientas educativas estaban avaladas y recomendadas por las propias autoridades educativas (a veces incluso desarrolladas), por lo que nadie desconfiaba del trato que se daría a su privacidad.
Nuestro país tiene el deshonor de aparecer en dicha investigación. Más concretamente, cuatro aplicaciones promovidas por gobiernos tanto estatales como autonómicos han sido expuestas en el informe. Una plataforma estatal del Ministerio de Educación, dos webs de la Generalitat de Cataluña y una de la Junta de Andalucía.
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