Según han explicado en una publicación en su blog, estas autoridades han pedido a la compañía que proporciona servicios de videoconferencia información sobre sus relaciones con Gobierno extranjeros y partidos políticos, detalles sobre el almacenamiento y acceso a los datos de los usuarios y datos sobres cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad.
La revelación de estas investigaciones se han producido en el mismo día en que se ha sabido que un empleado de Zoom ha sido acusado de espiar y censurar, presuntamente, varias videoconferencias en las que se realizaban críticas al Gobierno de China relacionadas con las protestas de Tiananmen de 1989.
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha acusado oficialmente a Xinjiang Jin de borrar al menos cuatro reuniones de Zoom organizadas en el país, con la ayuda de cómplices que crearon cuentas falsas para cometer falsas infracciones que justificasen el cierre.
No es la primera vez que Zoom y el Gobierno de la República Popular China son acusados de colaborar. Hace unos meses, aproximadamente cuando se iniciaron varias de las investigaciones hechas públicas hoy, la compañía reconoció haber cerrado las cuentas de tres activistas que precisamente planeaban conmemorar las protestas de Tiananmen.
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